Investigan a funcionarios de Coahuila en “compra” de autos viejos y aviones robados

*** Desvío de recursos a través de FICREA fueron a parar a la campaña del candidato a gobernador Rubén Moreira.-

*** Adquirieron más de mil vehículos chatarra; en la mira de las autoridades Esther Monsiváis, Ismael Ramos, David Aguillón y Jesús Ochoa.-

fraude

Pruebas documentadas de un nuevo fraude cometido a la sombra del poder y que habría beneficiado al gobernador Rubén Moreira y a sus principales colaboradores. (Foto de El Siglo de Torreón)

Saltillo, Coah.- Funcionarios de la actual administración estatal estarían vinculados a una serie de arrendamientos falsos realizados a través del FICREA desde donde se habrían adquirido más de mil vehículos, además de aviones y helicópteros.

Hasta ahora quienes aparecen como principales responsables de este nuevo gran fraude cometido en perjuicio de los coahuilenses aparecen el exgobernador Jorge Torres López y el extitular del SATEC, Javier Villarreal Hernández. También se investiga a María Esther Monsiváis –la que colocó en el cargo a Villarreal Hernández– Ismael Ramos Flores, actual secretario de Finanzas, David Aguillón Rosales, principal “asesor” del gobierno y al Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo.

Todos los mencionados sabían de la desviación de recursos que se estaba realizando a través de millonarios contratos de arrendamiento con los que, supuestamente, se pretendió justificar parte de la deuda estatal, aunque hay otras versiones que señalan que esos recursos sirvieron para la campaña política del actual gobernador Rubén Moreira Valdez.

Sin embargo, ahora se trata de adjudicarle estas acciones ilegales al exgobernador Humberto Moreira Valdés quien, en su afán por alcanzar la Presidencia del CEN del PRI dejó manos libres a su hermano Rubén y a sus colaboradores.

En torno a estos hechos, la asociación Claridad y Participación Ciudadana afirmaron que fue el mismo gobierno del estado el que les proporcionó información sobre estos millonarios contratos, de acuerdo con Reyes Flores Hurtado, abogado de esa organización: “Tras años de lucha en tribunales para obtener los contratos. Tuvimos que pasar por la aplicación de sanciones, multas y hasta llegamos a un apercibimiento de arresto contra el procurador Homero Ramos y fue así cuando nos dieron los contratos, en donde vemos que hay más de mil vehículos adquiridos que no se sabe en dónde están”.

La asociación, que preside el empresario Armando Guadiana Tijerina, rastreó las aeronaves y se percató que no están a nombre del Estado de Coahuila. Asimismo detectó que el modelo de los vehículos son modelos con antigüedad de más de 25 años.

“¿Por qué el gobierno compra carros chatarra o con reporte de robo? Y ya en este caso, ¿dónde tiene los más de mil vehículos que compró? ¿Dónde están las aeronaves que reporta?”, cuestionó Flores Hurtado.

Por su parte, Armando Guadiana Tijerina dijo que es imposible dejar a un lado la deuda de Coahuila y la corrupción que la generó, “tenemos que insistir para que se dé a conocer en qué se gastaron los miles de millones pesos que frenan el desarrollo del estado”.

CONTRATO PARA COMPRA DE AUTOS VIEJOS

El primer contrato que se firmó con representantes de Leadman Trade fue por un centenar de vehículos, autobuses, ambulancias y camiones modelos antiguos, por un valor total de 200 millones de pesos. Dicho contrato (128L/06/2010) fue firmado por el entonces secretario de finanzas Javier Villarreal, actualmente procesado en Estados Unidos.

La Comisión de apertura fue de 3.3 millones de pesos. En éste se específica que el gobierno de Coahuila realizaría 11 pagos por un monto total de 234 millones de pesos por concepto del pago de intereses.

En el contrato se desglosan los vehículos, la mayoría de modelos antiguos. Entre ellos una ambulancia modelo 1995 con un costo 140,000 pesos. Un autobús de 1978 con un valor de 45,000 pesos. Una camioneta pick up 1990 de 20,000 pesos y un microbús de 1995 de 45,000 pesos.

CONTRATO POR COMPRA DE AERONAVES

En los contratos de arrendamiento celebrados por Villarreal con la filial de FICREA se encuentran 10 aeronaves. Sólo tres de ellas forman parte del parque vehicular del gobierno estatal.

Reyes Flores explicó que tres helicópteros que “pagó” Coahuila pertenecieron al gobierno del Estado de México y fueron subastados, se trata del Bell Trextron de 1994 con matrícula XC-GEE, vendido a una empresa en Estados Unidos y pasó a formar parte de Global Vectra en la India. Otro a una compañía australiana y el tercero sufrió un accidente en Toluca. Nunca pertenecieron a Coahuila”.

Otro caso es el LearJet 45, 2006, matrícula XC-VIC, número de serie 315-90657 y un costo de 50 millones de pesos. Se verificó que la matricula descrita no existe en razón a que la fábrica Bombardier asignó para esos aviones números de serie que no exceden los tres dígitos, conforme al modelo. Esto indica que el Lear jet no existe, afirmó Reyes Hurtado.

Mientras que el último contrato firmado por Villarreal Hernández fue por un monto de 175 millones de pesos, el costo por la apertura de ese documento fue de 2.5 millones de pesos y sirvió para la compra de más aeronaves.

La Revista Proceso realizó un reportaje en torno a este caso de corrupción en donde explica:

“Entre las maniobras oscuras que se le atribuyen al dueño del Grupo Trade, Rafael Antonio Olvera Amezcua, están sus negocios con algunos gobernadores priistas. Uno de ellos fue Humberto Moreira, cuyo secretario de Finanzas firmó con aquél al menos tres contratos por 812.5 millones de pesos, y ofreció como garantía de pago las participaciones federales de Coahuila. Proceso obtuvo copia de esos documentos, cuya vigencia terminó en 2011, cuando Olvera ya tenía de vuelta su inversión con ganancias y Moreira estaba a punto de caer de la dirigencia del PRI.

 

Rafael Antonio Olvera Amezcua, defraudador de poco más de 6 mil ahorradores de Ficrea, fue uno de los operadores del gobierno de Coahuila para que mediante su empresa Leadman Trade (ambas del Grupo Trade) se utilizaran al menos 812.5 millones de pesos de las participaciones federales en una forma de “arrendamiento financiero” de miles de vehículos.

De acuerdo con el importante medio ijnformativo: “Para recuperar con rapidez el dinero de Leadman Trade invertido en Coahuila, Olvera Amezcua le vendió los derechos de cobro al Bank of New York Mellon, la misma filial de JP Morgan que el secretario de Finanzas de Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández, utilizó para comprar inmuebles en Estados Unidos (para lavar dinero, según autoridades federales de ese país y el gobierno de Texas).

En tres contratos consultados por Proceso consta que Olvera Amezcua obtuvo recursos que por ley deben utilizarse para obra pública.

Los documentos están fechados del 18 de junio de 2010 al 15 de noviembre de 2011 y formalizan el arrendamiento de 2 mil 840 vehículos, es decir que en 16 meses el gobierno de Moreira rentó 177 automotores por mes, entre aviones, helicópteros, autos compactos, ambulancias, motocicletas, camiones y autos de lujo.

No sería el único servicio de ese tipo que Olvera Amezcua hubiera prestado a un gobernador. El pasado 14 de noviembre el diario Reforma publicó que, bajo un esquema similar, Ulises Ruiz le entregó 794 millones de pesos a Leadman Trade cuando era gobernador de Oaxaca.

Contratos millonarios

De acuerdo con el expediente que obtuvo Proceso, con los contratos 111L/06/2010, 128L/06/2010 y 154L/04/2011 el entonces secretario de Finanzas de Coahuila, Villarreal Hernández, entregó a Leadman Trade cientos de vehículos que luego le rentó.

Según la página comercial de BBVA Bancomer, “el arrendamiento financiero en su modalidad de sale and lease back es un instrumento de financiamiento a mediano y largo plazo, dirigido a empresas que requieran convertir sus activos fijos en capital de trabajo. (…) Es una compraventa y arrendamiento de sus propios activos, lo paga mediante rentas y al final del plazo los vuelve a adquirir ejerciendo la opción de compra en un valor simbólico (1% del valor facturado al banco)”.

La garantía de pago fueron las llamadas participaciones federales que el gobierno de la República debe hacer llegar anualmente a cada entidad. Es decir, mientras el dueño de Ficrea obtuvo ganancias seguras, el estado vio afectado su presupuesto para obras públicas.

El primer contrato fue por 16 meses, se firmó el 18 de junio de 2010 y concluyó en octubre de 2011. El segundo fue de 11 meses, se rubricó el 3 de diciembre de 2010 y terminó el 15 de noviembre de 2011. El tercero fue vigente del 13 de abril al 15 de noviembre de 2011.

Aunque en virtud de estos convenios la entidad tuvo que pagar elevadas mensualidades, Olvera Amezcua no tuvo que esperar a que se cumplieran sus plazos para recibir la totalidad del dinero: días después de firmar cada contrato “cedió” el correspondiente derecho de cobro al ya mencionado BNY Mellon. De esa forma, él dispondría del dinero y sería el banco el que cobrara cada mes al gobierno de Coahuila.

El negocio que amparan los tres contratos es por 812 millones 513 mil 323 pesos.

La carátula de cada contrato señala: “Contrato de financiamiento que, bajo la modalidad de arrendamiento en el esquema sale and lease back celebran por una parte el gobierno del estado de Coahuila, representado en este acto por el licenciado Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario de Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará ‘el arrendatario’, y por la otra parte Leadman Trade, SA de CV, representada por el licenciado Rafael Antonio Olvera Amezcua, en su carácter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo se le denominara ‘el arrendador’”.

El primer contrato, incluyendo la comisión, le costó a Coahuila 367 millones 893 mil 64 pesos y fue para arrendar mil 766 vehículos.

Según el documento, primero Leadman Trade entregó 300 millones de pesos al gobierno de Coahuila, luego éste le “transmitió la propiedad” de los vehículos, después el gobierno le rentó los mismos vehículos que le había dado y además le pagó 367.8 millones de pesos.

El contrato es igual a los otros, sólo cambian los montos en la primera cláusula: “La ‘arrendataria’ (el gobierno), sujeta a la condición suspensiva consistente en recibir de la ‘arrendadora’ (Leadman) la cantidad de $300,000,000.00 transmite la propiedad del total de bienes muebles que se especifican detalladamente en el anexo 2”.

Inmediatamente después dice: “La arrendadora (Leadman) una vez que reciba la propiedad de los bienes… en el mismo acto otorga en arrendamiento los mismos bienes a la arrendataria (gobierno) por un plazo forzoso de 16 meses”.

El pago mensual en este primer contrato fue de 22 millones 795 mil pesos, lo cual por 16 meses, más la comisión por apertura, dio un total de 367 millones 893 mil 64 pesos. Después se especifica que si el gobierno paga puntualmente durante los 16 meses, al final se podrá quedar con los bienes.

El segundo contrato (128L/06/2010) fue por el arrendamiento de 413 vehículos. La operación fue la misma: el gobierno dio primero los vehículos a Leadman Trade y ésta entregó a cambio 200 millones de pesos. Después le rentó los bienes al gobierno y éste terminó pagando 237 millones 724 mil 172 pesos.

La cláusula primera establece: “Sujeto a lo establecido en el presente contrato en la fecha de fondeo, el arrendatario transmitirá al arrendador la propiedad del total de los bienes muebles que se describen en el anexo 3 y el arrendador pagará a el arrendatario por concepto de precio la cantidad de $200,000,000.00, monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente”.

El tercer contrato fue por la renta de 661 vehículos y el costo final para el gobierno fue de 206 millones 896 mil 87 pesos. De acuerdo con las cláusulas del contrato, primero el gobierno le entrega los vehículos y Leadman le paga 175 millones de pesos. Luego, el gobierno le renta los bienes a Leadman Trade, que con todo y comisión termina cobrándole a Coahuila 206 millones 896 mil 87 pesos.

El modelo contractual fue ventajoso para Rafael Olvera Amezcua, pues según la cláusula octava el pago estaba respaldado con las participaciones federales que la Secretaría de Hacienda entrega cada año a las 32 entidades, con autorización del Congreso de la Unión.

Los tres contratos mencionados llevan la firma del secretario de Finanzas Javier Villarreal. Olvera Amezcua ya tenía el pago completo, pues firmó “la cesión de derecho de cobro” al BNY Mellon.

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