Jericó y sus GROMS participaron en la terrible “Masacre de Allende”

*** Investigan su participación en el asesinato e incineración de cientos de personas.-

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Saltillo, Coah., 10 de junio.- Los GROMS de Jericó Abramo, e inclusive el propio ex alcalde, se encuentran en la mira de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al igual que elementos de los GATEs (Grupo de Armas y Tácticas Especiales) por su posible participación en el asesinato de por lo menos 150 de las 300 personas originarias de Allende, Coahuila, que fueron ejecutadas en el 2011 en el CERESO de Piedras Negras.

El coordinador de Agentes del Ministerio Público adscritos al juzgado penal de Piedras Negras, Santiago de Jesús Espinoza Eguía dejó entrever esa posibilidad al dar a conocer que se otorgaron diez órdenes de aprehensión contra personas que fungieron como elementos policiacos del Grupo de Reacción Operativa Municipal de Saltillo, cuerpo dirigido por el exalcalde, actualmente uno de los fuertes aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno de Coahuila, Jericó Abramo Masso.

El funcionario dio a conocer que ya fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión contra elementos policiacos que participaron en la masacre ocurrida en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras.

Estas órdenes fueron cumplimentadas en el mismo Cereso de la localidad, donde los responsables se encuentran detenidas por otros delitos, se trata de Santiago Peralta García y Manuel Elguezabal Hernández, quienes fueron notificados el jueves pasado.

Los presos inmiscuidos en la ejecución masiva de personas se mostraron inconformes y aseguraron que apelarán la orden de aprehensión.

Otros de los involucrados, Javier Vélez y Ramón Burciaga Magallanes, según las autoridades, están recluidos en otros Ceresos del estado, también recibieron la notificación.

Hasta el momento se han otorgado 10 órdenes de aprehensión en contra de ex GROMS de Saltillo, bajo el mando de Jericó Abramo Masso y otros policías del municipio de Nava. Se desconocen las causas por las que no se ha cumplimentando estas órdenes y si se otorgarán a la policía investigadora del estado, comisionada en Piedras Negras o si lo hará en forma directa la Procuraduría General de Justicia, a cargo de Homero Ramos Gloria.

Hasta ahora se tienen conocimiento, a través de investigaciones realizadas por la Procuraduría, que Ramón Burciaga Magallanes era quien cumplía las órdenes –¿de quién—para ejecutar a cientos de personas y después incinerar los cuerpos de sus víctimas.

El mismo Burciaga Magallanes interpuso, a principios del año 2014, una queja donde señalaba a elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de haberlo obligado y torturado para que se confesara responsable de haber cometido y ordenado los crímenes.

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¡Asesinaron a más 150 personas en el penal de Piedras Negras!

*** Crimen organizado y reos peligrosos quemaron y desaparecieron a sus víctimas.-

*** “Desempolva” Procuraduría expediente y le da acceso a La Jornada.-

Saltillo, Coah.- Por lo menos 150 personas secuestradas fueron asesinadas en el interior del penal de Piedras Negras de acuerdo con investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a cuyos expedientes tuvo acceso el periódico La Jornada.

De acuerdo con la información entregada al periodista Leopoldo Ramos un grupo de personas permitían la salida de reos peligrosos internados en el Centro de Readaptación Social para realizar secuestros. Las víctimas eran trasladadas a ese penal donde eran sacrificadas.

De acuerdo con datos que supuestamente corresponden al expediente que sobre el caso tiene la Procuraduría, la mayoría de las víctimas secuestradas en diversos municipios del norte de la entidad, tenían vínculos con el crimen organizado. Fueron ejecutadas en el CERESO pero hasta ahora se desconoce dónde quedaron sepultados sus restos. En un momento se creyó que ese penal se había convertido en un cementerio clandestino, cosa que no pudo comprobarse, aunque militares habrían encontrado evidencias de que las víctimas fueron incineradas en tambos de acero.

Según la Procuraduría –la misma que después aseguraría que no fueron 300 los desaparecidos en Allende, Coahuila, sino que nada más habrían sido 8 o 10 personas—en ese asesinato masivo participaron reos que posteriormente se fugaron con la ayuda de un grupo de hombres armados que irrumpieron en el penal a bordo de camiones y camionetas.

Fue hasta el 24 de septiembre del 2015 cuando la Procuraduría de Justicia emitió un comunicado para informar que agentes de la Policía Investigadora del Estado lograron la captura de unos fugitivos con lo que ya se contabilizaba a 79 reaprehendidos, además de 19 que fueron muertos en enfrentamientos con el Ejército Mexicano, la Policía Federal y elementos de la Marina Armada de México.

El expediente contiene declaraciones de funcionarios de seguridad en el gobierno de Coahuila y de los municipios del norte del estado que señalan la participación directa de mandos delincuenciales que acudían al Cereso para llevar a cabo u ordenar los cientos de asesinatos que ahí se cometieron. De esto, existen testimonios de personas que aun purgan condena en ese penal.

Ahora se agregan a estos, policías que se encontraban bajo el mando director del exalvcalde de Saltillo Jericó Abramo Masso por lo que se considera que pronto se iniciará una investigación sobre su posible participación en estos hechos de exterminio ocurridos en el municipio de Allende.

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Terror en Coahuila: “desaparecieron a 300 personas en la masacre olvidada de México

El Demócrata / 7 mayo, 2015

*** Ana: el gobierno espera que me muera para enterrar el caso de mi hijo

*** Circulan por el mundo los hechos sangrientos de Allende.

(INTERNACIONAL DANIEL BECERRIL / REUTERS / LANDOV).-143 estudiantes que fueron secuestrados y asesinados en el Estado de Guerrero, México, provocaron indignación en todo el mundo, pero una verdadera atrocidad se registró antes de esos acontecimientos en Coahuila, estado localizado en el norte de México, supuestos miembros del crimen organizado ultimaron a 300 ciudadanos. Estos hechos sangrientos pasaron inadvertidos y fueron minimizados poco a poco por el gobierno.

por Ignacio Alvarado Álvarez

Nota del editor: “Terror en Coahuila.” A la luz de los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron en el estado sureño de Guerrero el año pasado, Al Jazeera está investigando atrocidades anteriores que ocurrieron en el norte estado de Coahuila, pero que escaparon a la atención del mundo. La segunda parte de esta serie explora los vínculos entre las vastas reservas de la región de la energía y su llamada guerra contra las drogas, y la tercera parte se verá en cómo la violencia y la corrupción en las cárceles del estado reflejaban lo que sucedía en las calles.

SALTILLO, México – Anita acababan de regresar de una sesión de quimioterapia en Monterrey, un bus de una hora de duración trayecto, después de esperar dos horas para que su dolor a disminuyera después de la radiación. A la mañana siguiente, otro viaje difícil la esperaba. Ella y otras madres se reunirían con Rubén Moreira, el gobernador del estado norteño de Coahuila, para discutir el caso de sus hijos desaparecidos. “Soy una mujer fuerte. Tengo que ser fuerte y seguir adelante hasta que me muera, porque quiero encontrar a mi hijo “, dijo Anita, mientras trataba de alimentarse, poco a poco, comiendo un plato de sopa de verduras en un restaurante local. La temperatura en el restaurante era agradable, pero Anita permaneció envuelto en su abrigo y un sombrero de invierno para cubrir la cabeza, calva consecuencia de la aplicación de la quimioterapia. “Estoy un poco fría, pero eso no importa. El corazón es más frío cuando has perdido un hijo “.

Después de que 43 estudiantes humildes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, escuela de formación de profesores en el estado de Guerrero, al sur de México, desaparecieron en septiembre, se han realizado manifestaciones masivas en todo el país pidieron su regreso. Policías secuestraron a los 43 estudiantes y los entregaron a un cartel de la droga para ser ejecutados. Los asesinatos fueron presuntamente ordenados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de acuerdo con una serie de confesiones.

Además de desatar un escándalo de proporciones inmensas, el caso de los 43 estudiantes puso de relieve la necesidad de revisar la larga lista de víctimas de la guerra entre los cárteles de la droga, lo que es más grave en los estados del norte de México, especialmente Coahuila.

Una joven organiza fotografías de personas desaparecidas en un altar durante un evento para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Saltillo.

Las atrocidades cometidas en Coahuila pasaron prácticamente ignoradas – confinado al olvido por un vacío de información creado por el miedo, la impunidad y la intimidación del gobierno, quedó ese hecho violento, uno de los más grandes en la historia de Coahuila. De la pequeña población de Allende desaparecieron 300 de sus habitantes.

Como en Iguala, la violencia en Coahuila está marcada por la colusión entre autoridades y grupos criminales de tal forma que no se sabe a ciencia cierta cuantos fueron los ciudadanos ejecutados y la gente que aún habita en Morelos no dice nada. Ellos se quedan con una sensación de enorme complicidad.

José Willibardo, de  20 de edad, el hijo menor de Anita, fue violentamente secuestrado de su casa el 5 de marzo de 2012. Hombres armados con rifles de alto calibre lo “levantaron” en complicidad con un grupo de policías.

Con el testimonio ofrecido por uno de los hermanos mayores de José, Luis Ángel, y dos de sus hermanas se establece que José fue arrastrado de su dormitorio a una camioneta y que lo llevaron lejos. “Él es un buen chico. Apenas tiene 20 años, pero tiene el cuerpo de un joven de 15 años de edad “, dijo Anita. “Pero él no era un cobarde como los hombres armados que se lo llevaron.”

Ella afirma que los secuestradores fueron despiadados con José, quien no tenía antecedentes penales; se lo llevaron  porque se negó a trabajar para ellos como un asesino o secuestrador contratado.

Ella identificó al hombre que dirigió la paliza como uno de los amigos de la infancia de José, originario de Allende, población que se localiza a 20 minutos en coche de la población fronteriza de Eagle Pass, Texas.

Los hombres armados también secuestraron a Luis Ángel. Su esposa embarazada dijo a las autoridades que los pistoleros lo esposaron y golpearon hasta dejarlo inconsciente antes de colocarlo en un segundo coche. Los secuestradores huyeron a toda velocidad llevándose con ellos su carga sangrienta.

Luis Ángel regresó con vida. Los mismos policías que supervisaron su secuestro lo llevaron a casa, de acuerdo con Anita, con las piernas y el torso cubierto de quemaduras, las costillas rotas y el rostro desfigurado. “En lugar de llorar, lloraba sangre”, dijo.

Sus captores lo cubrieron con combustible diesel y le prendieron fuego, después de torturarlo, según contó el propio Luis Ángel. Su madre lo bombardeó con preguntas difíciles de contestar. “Por favor, no busques a  Wily por más tiempo”, le dijo. “Está muerto”.

Hasta ahora no se ha encontrado el cuerpo de José. ‘No hay duda de que se puede camuflajear el ataque de algún político para convertirlo en un asalto del crimen organizado. La culpa siempre iba a ser colocado en los criminales ‘.

Allende masacre

Tomás Brazo (Reuters)

Una etiqueta de la banda de narcotraficantes

Los Zetas, una empresa criminal originalmente formado por desertores del ejército mexicano en la década de 2000, con violencia penetraron en Coahuila en 2009, con ellos se estableció un régimen de terror a través de la extorsión, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de civiles.

Mientras tanto, ninguna autoridad del gobierno se enfrentó a ellos, y se concretó a explicar que la violencia se debía a una guerra entre los cárteles que se libra por el control de la frontera.

En marzo y abril de 2011, los Zetas mantienen los municipios del norte: Allende, Piedras Negras, Nava, Zaragoza y Morelos – todo cerca de la frontera con Estados Unidos – bajo ataque constante. Ellos dispararon sus armas, prendieron fuego a varios negocios y desaparecieron al menos a 300 personas, según el testimonio de los residentes.

Los delincuentes operaron sin un rastro de intervención militar o cívico. La mayoría de estos casos ocurrió en Allende, con el tiempo este hecho fue conocido como la “Masacre de Allende”. Los medios locales, por temor a represalias, no informaron a la violencia hasta años más tarde.

En abril de 2014, el alcalde de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez dijo al periódico de circulación nacional La Jornada: “Hay aproximadamente 300 [víctimas], pero no está cifra de desaparecidos podría ser mayor”.

No fue sino hasta enero 2014 que el gobierno de Coahuila inició una investigación formal sobre el caso. En diciembre el Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, dijo que con la investigación encontró pruebas “de sólo 28 desapariciones , no 300”.

El gobierno dice que no sabe de otras 1.808 personas desaparecidas. Autoridades de Coahuila culparon a los asesinatos de líderes Zetas Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño, conocido como Z-40, que supuestamente llevaron a cabo los ataques con sus seguidores como venganza contra Héctor Moreno y José Luis Gaytán Garza, ex colaboradores Zetas que testificaron en contra del grupo y beneficiado del programa de protección de testigos de Estados Unidos.

Los Zetas mataron a varios miembros del grupo de Gaytán Garza, de Moreno y de los familiares y antiguos empleadores. Pero como sucede con gran parte de la violencia en México, nada se investigó debido a que en forma dudosa hubo silencio de cuerpos policiales, militares y hasta civiles que dieron cuenta de esa violencia y que están a menudo estrechamente involucrado en la desaparición forzada, secuestro, tortura y asesinato de miles de ciudadanos.

ES ESPELUZNANTE LA CIFRA DE DESAPARECIDOS EN COAHUILA

“El número oficial de 1.808 desaparecidos en Coahuila es una cifra espeluznante, sobre todo porque la mayoría de los casos ocurrieron en cuatro años, desde el año 2009. La cifra real se desconoce, pero es probable que supera con creces el número oficial, dijo Jorge Verástegui, fundador del Frente Unido para la de Coahuila Desaparecidos o FUNDEC.

“Lo que puedo decir con certeza es que, en todos los casos, las desapariciones se produjeron con su consentimiento o participación de algún elemento del estado”.

El Obispo Raúl Vera López, que representa la voz más crítica de Coahuila contra la corrupción, arremetió contra el estado de Guerrero, donde los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron. Durante años ha señalado la colusión entre las autoridades gubernamentales y el crimen organizado. “Estas desapariciones en Coahuila son cometidos por la policía”, dijo.

“No puedo explicar exactamente por qué la gente desaparece aquí, pero mucho de ello tiene que ver con el dinero. Pero sobre todo, se debe a conspiraciones policiales. Es genial ver a la gente expresarse, pero aquí hay más de 2.000 desaparecidos, y nadie parece ser consciente de ello.” Jorge Verástegui, fundador del Frente Unido para Coahuila de Desaparecidos.

 

Durante la primera marcha nacional organizada para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se estima que 2.000 personas salieron a las calles de Saltillo – la mayor protesta en la historia de la ciudad. Verástegui piensa que la gran concurrencia es el resultado del intenso escrutinio de los medios planteado por el caso Ayotzinapa. “Es muy bueno ver a la gente expresarse, pero aquí hay más de 2.000 desaparecidos, y nadie parece ser consciente de ello”, dijo en una marcha a principios de diciembre en protesta por el segundo aniversario de la asunción del presidente Enrique Peña Nieto.

Como estudiantes y activistas de derechos pidieron la dimisión del presidente y para obtener información sobre el paradero de los 43 estudiantes que faltan, ni una sola voz se oía pidiendo justicia para Coahuila de desaparecidos o renuncia del gobernador. Vera López estuvo de acuerdo en señalar que existe un vacío de información que ayuda a mantener ocultas las desapariciones registradas en Coahuila de la conciencia nacional, a diferencia del caso de Iguala.

Pero él dice que hay otro factor fundamental: Las víctimas Iguala son estudiantes, y el gobierno no podía coludirlos a los grupos del crimen organizado o de la guerrilla. En Coahuila que fue una constante, las autoridades no sólo se vieron implicados en las desapariciones, sino también desalienta cualquier tipo de queja oficial.

“Si alguien fue al ministerio público a presentar una denuncia, se le dijo,” ¿Por qué la queja? Eso probablemente sucedió porque usted estuvo involucrado con el crimen organizado ‘”, dijo Ariana García, un consejero familiar en Piedras Negras. “Hubo una amenaza implícita en eso y una criminalización de la víctima.”

En el restaurante, Anita dijo que fue diagnosticada con cáncer de mama hace tres meses. Su médico le dijo que el profundo dolor y la angustia de perder a su hijo pueden haber contribuido a sus problemas de salud. Su hijo Luis Ángel fue detenido por la policía en julio después de haber sido violentamente secuestrado de su casa y llevado a una cárcel municipal, donde fue torturado. Esta vez, Anita llamó inmediatamente a un abogado, que ella cree que le salvó la vida. “No hubo ninguna investigación en esta ocasión, al igual que no hay ningún esfuerzo para encontrar a mi hijo más joven”, dijo. “El gobierno espera que me muera, que el cáncer me mate, con el fin de enterrar el caso de mi hijo”. (Este Artículo fue traducido al español por Alfonso Serrano).

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