EL IMPERIO DE LA LEY

¿Deveras lo que se busca es la justicia, o de lo que se trata es de montar una estrategia que tenga frutos políticos en el corto plazo para quienes entablan los pleitos?

gudiana

Por Horacio Cárdenas Zardoni

Estado de derecho, le llaman en los discursos políticos a un estado de cosas de lo más ambiguo que se pueda imaginar. Del lado de los gobernantes el estado de derecho es la comprobación más allá de toda duda y sobre todo más allá de cualquier cuestionamiento que estén dispuestos a aceptar, que el gobierno que encabezan es el mejor de los mundos posibles. Del lado de quienes lo que quieren es acceder al poder y quedarse en él por los siglos de los siglos, es exactamente lo contrario, el dudar, de preferencia exponiendo montañas de lo que según ellos son pruebas fehacientes, de que el estado de derecho no existe como tal, que todo es sujeto y objeto de cuestionamiento, además de que por supuesto, su interés es sembrar en la consciencia o en la inconsciencia de los ciudadanos la idea de que ellos sí sabrían cómo hacer las cosas, que si les dieran la oportunidad de gobernar a partir de la siguiente elección, las diferencias serían tangibles.

Dicen los que de las ciencias administrativas saben, que una buena administración no se ve, o mas bien, que por estar todas las cosas funcionando como se debe, nadie pide la presencia del administrador para que venga a resolver lo que está descompuesto. Si llevamos este difuso principio a la administración pública, un buen gobierno es aquel que no se nota porque los servicios públicos se prestan con eficiencia y discreción, malo cuando se tienen que hacer manifestaciones en las calles para exigir que los gobernantes hagan su trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que en México tuvimos una administración de este tipo, una que de tan eficiente para hacer lo que tiene encomendado, es más, una que se anticipa con proyectos a las necesidades futuras de los gobernados?, no podríamos decirlo, unas más y otras menos, todas las que nos ha tocado presenciar pueden calificarse como reactivas, responden a los problemas que se les presentan, siendo la constante que rara vez los dejan completamente zanjados, y todavía menos que vean para que en el futuro cercano las siguientes administraciones tengan elementos con qué trabajar.

Hasta ahorita de lo que hemos estado hablando es de esa parte del gobierno mexicano que se conoce como poder ejecutivo, ese mismo que algunos académicos han calificado claridosamente como los imperios sexenales, a cuyo titular nadie, pero nadie que quiera seguir jugando a la política, se opone más allá de la mera apariencia de oposición, porque lo que en este país se busca es el “quítate tu para ponerme yo”, no el cambiar las cosas de una vez por todas. Este concepto, el del imperio sexenal es el que explica y soporta el bajísimo perfil que tienen los poderes judicial y legislativo dentro de la estructura de gobierno, fallando de forma crasa en cumplir con aquello de que son el contrapeso del poder ejecutivo, unos a través de la ley y otros de la representación popular, en contra de la debilidad humana ante la situación del poder omnímodo.

A últimas fechas se ha presentado un fenómeno que no deja de ser extraño, el de lo que podríamos denominar la judicialización de la política nacional, el cual se caracteriza por el tratar de resolver los diferendos políticos en un ámbito que en teoría, debería estar ocupado de otros menesteres no menos importantes, el de los tribunales.

Todo comenzó con la oportunidad que se concedió a los partidos políticos de poder acceder a un tribunal electoral para impugnar una elección en el que salieron perdiendo. De repente la de por sí nada simple estructura electoral no fue suficiente en cuanto a capacidad de ventilar pruebas, de tomar decisiones, tampoco valió ya la negociación política ni tampoco la mediación del gobierno, ¿para qué pelearse en chiquito, pudiendo hacerlo en grande?, y tan es así, que ahora cualquier duda sobre la validez del proceso se comenzó a llevar a los tribunales, para que ellos se hagan cargo de lo que nadie más, en apariencia, puede.

A últimas fechas en nuestro estado de Coahuila se han venido presentando situaciones que nunca debieron dejar el ámbito del trato entre particulares, o de gobernantes y gobernados, para inscribirse en la jurisdicción judicial, al cual se le está buscando otorgar un carácter que no le corresponde, el de garante del estado de derecho por vía del examen de la ley y el castigo a quienes lo infringen, como si tuviera capacidad para ello.

Se pueden mencionar las denuncias de legisladores del Partido Acción Nacional en contra de los integrantes de la administración de Humberto Moreira Valdés con el tema de la megadeuda, pero también están las denuncias que el exgobernador ha entablado contra comunicadores por supuesta falsedad en sus acusaciones de mal manejo de fondos públicos, acusaciones que habrían lesionado su buen nombre, integridad moral y quien sabe cuantas cosas más; pero tampoco es esto todo, el mismo Armando Guadiana Tijerina, no considerando suficientemente vistosos los tribunales nacionales, llevó sus acusaciones en contra del actual gobernador Rubén Moreira al tribunal internacional de La Haya, y bueno, lo que cabe preguntar es ¿deveras lo que se busca es la justicia, o de lo que se trata es de montar una estrategia que tenga frutos políticos en el corto plazo para quienes entablan los pleitos?

Meter al poder judicial en cuestiones de política equivale sin ir demasiado lejos, a sacar a los soldados de los cuarteles para ponerlos a hacer labores policíacas: por un lado no están preparados para ello, se echa mano del último recurso para entenderse de problemas que deberían resolverse de manera serena en instancias menores, y finalmente está la duda de ¿y si fallan?, ¿Quién nos puede salvar si fracasa el Ejército contra la delincuencia y si fallan los tribunales en la cosa política?,

Pero hay otra consideración que no es menor, ¿alguien recuerda que México tiene índices de impunidad judicial que rebasan el 99%?, ¿a qué le están apostando los que entablan demandas políticas en tribunales, a que no pase nada con una probabilidad del 99%, o a ser de ese privilegiado 1% de cosas que sí se arreglan? Que se den de cachetas y de catorrazos, pero que sea afuera de la corte, porque si lo hacen dentro, el peligro es que se lleven el último de los desencantos, el saber en carne propia que en México no hay justicia, ¿y de eso qué sigue?

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