El gobierno está coludido en los crímenes de Tanhuato y otros más

EL BLOG DE AUGUSTO.-

Escribe: Augusto Peña.-

crimenes

Policias federales ejecutaron no a 28 personas en Tanhuato sino a todos los 47 que aparecieron muertos, desperdigados por todo el rancho que la policía asaltó.

La procuradora Arely Gómez gira instrucciones para que los policías no declaren ante Derechos Humanos, sobre el caso de Tanhuato. Hace lo mismo que el general Salvador Cienfuegos que se negó a que los soldados –sus muchachos- hicieran declaraciones sobre el crimen de Estado perpetrado en Iguala, donde se desaparecieron los 43 normalistas de de Ayotzinapa.
Casos como el de Tanhuato, Michoacán en las inmediaciones de Jalisco, nos muestran que estamos ante un gobierno federal ejecutor de muertes igual o peor que el de Felipe Calderón.
Se trata de un gobierno asesino que intenta quedar en la impunidad para seguir asesinando a quienes les convenga a los políticos que nos gobiernan.
En esta masacre se encontraron todos los cuerpos de los ejecutados incluso por la espalda por la policía federal, haciendo de este caso otro crimen de Estado como los de Iguala/Ayotzinapa, Nochixtlán, Apatzingán y tantos otros que han quedado en la impunidad porque la Procuraduría hace todo lo posible –preferentemente ilegal- para encubrir a los asesinos.
En Tanhuato le faltó tiempo a la policía federal para deshacerse de los cuerpos como sucedió con los 43 de Ayotzinapa. No llegó a tiempo el pozolero “oficial” para disolver los cuerpos en ácido y sosa cáustica y ahora tienen que enfrentar a la Comisión de Derechos Humanos.
La Procuraduría no aceptó la versión de la Comisión de los Derechos Humanos e incluso utilizó en el careo y entrevista con los policías, a priístas para aconsejar a los policías asesinos que no declararan nada ante Derechos Humanos, mostrándonos fehacientemente que el gobierno está coludido en estos y muchos más crímenes.
Deshacerse de los cuerpos no es ninguna novedad para las policías federales, ¿recuerdan el río Tula?, posterior a los gobiernos de López Portillo y anteriores, la cercanía de Carlos Salinas con los servicios secretos de Israel –El Mossad- trajo a México nuevas tecnologías para deshacerse de los cuerpos.
Los judíos israelitas del Mossad le enseñaron a algunos policías, y después a otros delincuentes coludidos con el narcotráfico, a diluir en ácidos y sosa cáustica los cuerpos de los asesinados en cuestión de horas.
Ellos, los israelitas fueron quienes enseñaron a diluir cuerpos humanos en un santiamén al famoso pozolero, Santiago Meza López, quien se encuentra en la cárcel por hacer pozole con poco más de 300 cuerpos humanos, y posteriormente deshacerse de la gente licuada, en ríos, drenajes o esparcirla por los campos o en pozos artesianos.
Santiago Meza López el pozolero que hoy se encuentra recluido en una cárcel federal, lo mismo trabajó para las policías como para los grupos delictivos. Terminó sus laboras trabajando –según él- para el Chapo Guzmán. Asegura que fueron judíos venidos de Israel, contratados por alguien del gobierno, los que le enseñaron el arte de diluir –pozolear dice él- cuerpos humanos en un dos por tres, y en deshacerse del líquido en que los convirtió.
No siente que cometió delito porque él no los mató, se los llevaba bien muertos y el solo los hacía pozole. Gentes como Santiago Meza López todavía existen y al igual trabajan para las autoridades que para grupos delictivos.
Es probable que alguno de estos expertos que aprendieron el arte de pozolear con los judíos israelitas como maestros, haya intervenido para deshacerse de los cuerpos de los 43 de Ayotzinapa, por eso el gobierno sigue dándole largas al asunto para que así como los cuerpos se diluyen en ácido y sosa cáustica, la investigación de lo que aconteció un 26 y 27 de septiembre –noche y madrugada- en Iguala, Guerrero, se diluya en el tiempo y en el olvido, y no en una sino en varias verdades históricas como la que inventó Jesús Murillo Karam, otro pozolero, el que no diluye cuerpos humanos sino hechos delictivos en los que se encuentran involucrados policías municipales, estatales, federal, miembros del ejército e incluso agentes del CISEN, configurando el horrendo hecho delictivo en un clásico crimen de Estado.
O, ¿usted qué opina, apreciable lector?

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